La Ley Antifraude obliga a empresas pymes, autónomos, asesorías y despachos profesionales a contar con un software de contabilidad y facturación que cumpla con los requisitos técnicos de la ley.
El software debe evitar que se haga un doble uso fraudulento de este, lo que conocemos como llevar una “contabilidad en B” y además no debe permitir que falten registros de operaciones.
Debe garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de las facturas, sin interpolaciones, ni omisiones o alteraciones de las que no quede registro en el propio sistema. Los sistemas o programas que se utilicen deberán contar una declaración responsable y utilizar formatos estándar para que sean legibles por parte de la Administración Tributaria.
Todas las facturas que emitamos deben quedar registradas en el sistema informático de forma inviolable y su trazabilidad debe ser clara. No puede existir transacción comercial sin factura y su correspondiente anotación en el sistema informático. El Reglamento indica que los sistemas informáticos de facturación deberán enviar de manera inmediata y automatizada a la Agencia Tributaria todas las de facturas realizadas. Si esto no es posible, deberán conservar un registro de cada una de las transacciones, incluyendo la firma correspondiente en cada caso, para ponerlo a disposición de la Administración cuando sea posible. El software tendrá la obligación de guardar el registro de las facturas y debe asegurar su conservación y evitar cualquier manipulación.
Este reglamento entrará en vigor para todos los obligados a partir del 2024.
Otras medidas de la Ley Antifraude
Además de los cambios que afectan a los softwares de contabilidad y facturación, la Ley Antifraude aborda otras medidas de lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Estas son algunas de las novedades:
- En operaciones en las que intervenga una empresa o autónomo, los pagos en efectivo permitidos se reduce de 2.500 € a 1.000 €. Para particulares con domicilio fiscal fuera de España el límite de pago en efectivo disminuye de 15.000 a 10.000 euros.
- Se actúa sobre la morosidad reduciendo a 600.000 € el umbral por el que se aparece en la lista de deudores.
- Se modifica el impuesto sobre matriculaciones.
- Se prohíben las amnistías fiscales.
- La ley también recoge el control sobre el mercado de las criptomonedas.
- Se amplía el concepto de paraíso fiscal.
